Tijuana, BC., (Agencia Informativa de México).- El decreto que fomenta la regularización de “autos ilegales”, deja fuera de mercado al comercio formal de automotores, representa condiciones desleales y desventajosas de comercio y condena a la desaparición de negocios del ramo en esta región fronteriza. 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco Servytur), Jorge Macías Jiménez indicó que “en principio, el citado decreto señalaba que podrían regularizarse unidades de ocho años y anteriores al momento de tal trámite”. 

Posteriormente, añadió que “mediante una fe de erratas se determinó que la regularización comprendería vehículos de modelos más recientes, quedando en cinco años y anteriores”. 

Consideró que esta decisión fue impactante para los asociados de autos usados, afirmó el líder empresarial, tras comentar que esta disposición causa decepción, desánimo e inconformidad, por ser una medida que terminará arruinando su proyecto de vida de tantos años de esfuerzo y trabajo. 

También, pérdida de patrimonio proveniente de una actividad legal y cumpliendo todas las obligaciones de ley que rigen para su negocio, además de la cancelación de fuentes de trabajo. 

Macías Jiménez recordó que derivado de las consecuencias que acarrearía a la economía del país, a una de las actividades económicas más articuladas como cadena de valor, nunca se estuvo de acuerdo con dicha regularización. 

“Al final concordamos con nuestras autoridades, era necesario encontrar una solución definitiva a tan elevada cifra de vehículos “chocolate” en circulación, mitigando su consecuente problemática social y de seguridad pública, estableciendo un programa de regularización que principalmente beneficiara a familias de menores recursos y resolver el trauma de inseguridad que surgió alrededor de las más de 600 mil unidades irregulares que se habían acumulado en el tiempo”, comentó. 

“Pedimos a la vez a nuestras autoridades margen para poder seguir dentro del mercado y continuar nuestra actividad comercial en términos de los años modelo que nos autoriza el decreto que regula la importación de autos usados”, declaró el presidente de Canaco tras aclarar que éste va de cinco y hasta nueve años anteriores al año modelo vigente en el mercado, solicitando se enmarcará el programa de regularización a partir de 10 años y anteriores. 

La Cámara de Comercio, expuso, ha emprendido innumerables gestiones ante las Secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público, buscando que se enmendara la serie de inconsistencias que presenta la política de importación de autos usados, acorde a las condiciones del mercado y fomentar el abasto eficiente y competitivo de vehículos por parte de nuestro sector. 

“Nuestro entorno de negocios cada vez ha sido más complicado; desde el 2008 venimos arrastrando un constante deterioro de nuestra actividad económica, derivado de la aberrante política de importación de autos usados y la serie de restricciones que se impusieron con el sentido de inhibir su importación legal y sacarnos del mercado a como diera lugar”, aseveró Macías Jiménez. 

“Los términos de éste decreto de regularización, curiosamente una vez más nos conceden la razón en el tiempo, que de haberse corregido en su oportunidad dicha política y tan perversas medidas que involucra, habría facilitado a la población importar legalmente tales vehículos, tal como ahora se determinó sin requerir certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, pago del 50 por ciento de impuestos de importación, ni inscripción en el padrón de importadores”, señaló el líder empresarial. 

Luego entonces, no se hubiera llegado a tan alta cifra de “autos chocolate” y tal decreto de regularización, no habría sido necesario. 

El Presidente de Canaco, comentó que insistirán a las autoridades, realizar la correspondiente modificación al decreto que regula la importación de vehículos usados, ampliando el margen de los años modelo a fin de que queden la importación en unidades de cinco y hasta 20 años anteriores al año modelo en vigor, dando las facilidades necesarias al comercio organizado de autos usados y a la población residente para importar legalmente y cubrir las disposiciones de ley y pago de contribuciones aplicables a la materia. 

Por último señaló que el mercado automotriz formal, los agentes económicos responsables del abasto de autos nuevos y usados, y las necesidades de demanda de automotores, son las reglas naturales que regulan el mercado y articula los eslabones de ésta importante cadena de valor en el país, siendo el gobierno el encargado de establecer las políticas públicas idóneas que requiere toda actividad productiva, dando certidumbre a los inversionistas, favoreciendo la creación de empleos, más que premiar a quienes infringen la ley y a quienes alrededor de este ambiente nocivo amasan fortunas.